De acuerdo con las autoridades del Ejecutivo con los $438 millones presuntamente malversados por los gobiernos del FMLN se hubiera podido hacer, entre otras cosas, financiar tres veces la fase III del Plan Control Territorial, valorado en $109 millones o pudo financiarse el presupuesto de la Fiscalía General de la República por cuatro años.
Una investigación interna del Banco Hipotecario reveló que dos exempleados de Casa Presidencial -desde la gestión de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén) fueron los operativos de la red de corrupción para sustraer $438.2 millones del erario a través de la Cuenta Única del Tesoro; $379.5 millones durante el Gobierno del prófugo Mauricio Funes y $58.7 millones durante la gestión de Sánchez Cerén, en sus primeros dos años (2014 y 2015).
El informe detalla que en las cuentas personales de Francisco Rodríguez Arteaga inicialmente se depositaron $356,400,538.34 en el periodo de Funes; mientras que en el Gobierno de Sánchez Cerén le depositaron $55,933,387.97.
La auditoría reflejó que, en el periodo de Funes, Rodríguez Arteaga retiró $357,607,009.89, utilizando «bolsas de basura», y $55,933,387.97 en los dos años que trabajó con Sánchez Cerén.
Rodríguez Arteaga manejó ese dinero en 11 cuentas personales que eran «falsamente» denominadas: Gastos operativos de la presidencia y otras en los dos gobiernos del FMLN.
El empleado se desempeñaba como jefe de la unidad financiera de la Casa Presidencial en los gobiernos del FMLN y fue condenado a tres años por el delito de peculado, y tres años por lavado de dinero y activos.
Otra parte del dinero fue depositado a las cuentas del ex empleado de la presidencia, Pablo Gómez. En la gestión de Funes supuestamente le depositaron $9,909,910.22, mientras que en el periodo de Sánchez Cerén fueron $2,791,211.62.
En cuanto a los retiros, bajo la administración de Funes fueron $9,905,892.86 y en la gestión de Sánchez Cerén retiró $2,795,302.93. Gómez no aceptó declararse culpable ni negoció con la Fiscalía, se sometió a un juicio ordinario y fue condenado a 16 años de cárcel. La investigación detalla que Gómez movió el dinero a través de siete cuentas personales denominadas «falsamente»: Gastos operativos de la presidencia y otras.
