Un condenado a 78 años de cárcel por pertenecer a una banda de sicariato, Eduardo Castillo Calles, alias «Limón», de 53 años, y dos hombres más fueron asesinados ayer en el caserío El Tigre, del cantón Ateos, en el municipio de Sacacoyo, La Libertad, según la Policía Nacional Civil (PNC).
Investigadores oculares y periciales de la policía dijeron que Castillo, Salvador de Jesús Zepeda, de 48 años, y otro hombre no identificado murieron tras recibir múltiples disparos de armas largas mientras almorzaban en un comedor de la zona.
«Los cuerpos tienen múltiples disparos. Mataron a los tres, al parecer, porque buscaban asesinar a Castillo y no quisieron testigos», explicó uno de los agentes cercanos al caso. Zepeda era propietario de un negocio de cerámica, donde trabajaban Castillo y la otra víctima, agregó PNC.
Testigos le contaron a los investigadores que el triple homicidio fue cometido por un grupo de hombres que vestían ropas oscuras.
En febrero de 2018, el Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador condenó a la banda a la que pertenecía Castillo a purgar penas de hasta 184 años de prisión por 11 casos de homicidios. La banda de sicariato estaba conformada por seis policías y 12 particulares.
Castillo fue condenado a 78 años y cuatro meses, sin embargo, a menos de 20 meses de su condena, estaba en libertad con un dispositivo electrónico como medida alterna a la prisión. El testigo principal del caso, «Sirio», dijo durante el juicio que el grupo operó entre 2014 y 2015 en Ciudad Arce, Ateos, Lourdes de Colón de La Libertad. La víctimas, en su mayoría, eran pandilleros; los sicarios recibían entre $100 y $1,000 por asesinato.
Ayer por la mañana, la PNC reportó también el asesinato de José Ángel Sánchez, de 50 años, un expolicía y motorista del diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Mario Ponce, en el cantón Miraflores del municipio de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán (ver nota en página 50).
El miércoles por la noche, también fueron asesinadas dos personas no identificadas en las cercanías del monumento a la Constitución, por la calle San Antonio Abad, en San Salvador. La policía dijo no estar autorizada para dar más información; sin embargo, un agente vinculó el caso con el comercio de droga.
